miércoles, 6 de agosto de 2014

EL NUEVO MAPA TERRITORIAL ES INEFICAZ E INJUSTO

Hemos conocido como la Junta ha presentado hace unas semanas a los municipios de más de 20.000 habitantes el nuevo mapa territorial de Castilla y León, con el que se pretende dotar a todos los municipios de la comunidad de servicios básicos.

En resumen, el peso gravita sobre estos municipios de más de 20.000 habitantes que serían las áreas funcionales estables que atienden a unos municipios colindantes inmediatos y a municipios colindantes de los colindantes que estén en un radio de 18 kilómetros.

En total la Comunidad Autónoma de Castilla y León plantea trece municipios que son áreas funcionales estables, tres se organizarían en la provincia de Burgos (la capital, Aranda de Duero y Miranda de Ebro).
El planteamiento de organización territorial es elemental, barato y tramposo. Estas 13 áreas funcionales estables se organizarían en mancomunidad y dicen qué servicios van a dar a todos los municipios que las integran, que van desde el abastecimiento de aguas, la protección civil, o el transporte público entre otros. Con lo cual, lo que ofrecen es variable según las zonas.

Para la Junta, esta ordenación y municipios que forman cada área funcional o estable es voluntaria, pero evidentemente quienes no se integren, o no quieran formar la mancomunidad planteada por la Junta, no recibirán los fondos variables que la Junta asigne a cada área territorial.

Para IA este planteamiento es injusto e ineficaz. No se sabe qué dotación presupuestaria tiene globalmente esta nueva división territorial, ni cuánto se va a dar a cada área o con qué criterios. Es evidente que hay áreas con mucha población, otras con muchos municipios colindantes y colindantes de colindantes y otras con menos.

Es obvio que el medio rural necesita todo tipo de servicios para fijar la población y desarrollarlo económicamente. No se puede dar una cantidad de dinero a cada área para que haga su prestación de servicios y luego que estos logren dar esos servicios. Se precisa de una planificación desde el gobierno autonómico para la dotación de todo tipo de servicios básicos a todas las áreas funcionales o estables que permitan su desarrollo poblacional y económico.

Además con los recortes que el PP impone en el gasto público, estas cantidades que dé el gobierno autónomo serán claramente insuficientes y recaerá en los municipios la financiación para la creación y mantenimiento de los servicios; especialmente el gasto caerá en los municipios de más de 20.000 habitantes, lo cual no podrán hacer debido a la ley de control del gasto que ha impuesto el ministro Montoro.

La Junta cuadra sus cuentas con esta ordenación territorial, derivando sus obligaciones de gestión política directa en esas áreas mancomunadas que carecerán de financiación y capacidad suficientes para dotar de los servicios necesarios a cada uno los municipios mancomunados.

Más aún. Si este es el mapa territorial nuevo, las Diputaciones Provinciales, ¿para qué van a servir? ¿Para atender áreas que no están contempladas en estas 13 áreas funcionales o estables? ¿Perderán sus funciones y ámbito provinciales?

Para IA las Diputaciones son un organismo arcaico y trasnochado, propio del s. XIX con las que entonces pretendió el gobierno central controlar políticamente el territorio a través del caciquismo y del autoritarismo, y que fueron aumentando sus funciones en un sistema centralista, especialmente con el franquismo, pero que ya no tienen lógica en el estado autonómico y menos federal que queremos desde IA.

Nuestra apuesta sería el modelo territorial catalán de “veguerías”, es decir la desaparición de la demarcación político-administrativa territorial de las provincias, por la comercialización, a través de territorios o comarcas con similitudes lingüísticas, geográficas, económicas y culturales.

Estas comarcas tendrían una relación directa con la Junta que planifica para todas las comarcas, de acuerdo a las necesidades recogidas, en un verdadero Documento de Ordenación del Territorio.

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